Hasta diez años de cárcel para los indocumentados que insistan en regresar a EEUU tras ser deportados
Hasta diez años de cárcel para los indocumentados que insistan en regresar a EEUU tras ser deportados
Desde que Donald Trump asumió como presidente de los Estados Unidos, los latinos residentes en el país norteamericano no la han tenido fácil. Pues Trump se ha ensañado con toda su artillería para atacar de cualquier forma a esta población hispano hablante que emigraron a los estados Unidos en busca de un futuro mejor.
Hasta diez años de cárcel para los indocumentados que insistan en regresar a EEUU tras ser deportados. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos, aprobó dos leyes, una es elevar hasta diez años de prisión la condena a los indocumentados que insistan en regresar a los Estados Unidos tras su deportación.
Y la otra es retirar fondos del frente de resistencia que han creado las ciudades que se han declarado opositoras a su política migratoria, como Los Ángeles, Nueva York o Chicago.
La política migratoria de Donald Trump, no ha parado desde que este asumió la presidencia norteamericana; pues, desde su llegada se han incrementado las detenciones de indocumentados y se ha reducido el intercambio ilegal en la frontera.
En este orden de ideas, se sabe que ciudades como el estado de California, conocida como una ciudad santuario; se ha rebelado ante las políticas migratorias impuestas por Donald Trump. El Estado de California, se rehúsa a cumplir al pie de la letra los dictados en materia migratoria emanados de la política de Trump.
En el estado de Los Ángeles viven cerca de 800.000 indocumentados
Las denominadas ciudades santuarios como Los Ángeles, Nueva York o Chicago, son consideradas por Donald Trump y el fiscal general, Jeff Sessions como una amenaza para la seguridad pública.
Estados Unidos tiene once millones de indocumentados
Hasta diez años de cárcel quien regrese siendo ya deportado
La nueva ley, bautizada Ningún santuario para los criminales, que obtuvo 228 votos sobre 195, les impone cumplir con las directrices de arresto federales. O sea, extendiendo la retención de un emigrante sospechoso 48 horas más de lo que establece la ley penal.
En caso de no cooperar el detenido, la iniciativa permite retirar fondos a las ciudades santuarios y abre las puertas a que las víctimas de delitos cometidos por inmigrantes sin papeles, denuncien.