Conindustria: Boicot a la economía no viene del sector productivo (COMUNICADO)
La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) fijó posición respecto a la reunión entre el Gobierno y la oposición, suscitada el pasado sábado 11 de noviembre.
A través de un comunicado, Conindustria aclaró que “si existe sabotaje, boicot o agresión a la economía no proviene del sector productivo, pues es a quien menos le conviene la realización de actos de este tipo que perjudican sus propios intereses.
“La sistemática persecución a la actividad privada y la instrumentación de políticas públicas erradas han ocasionado el cierre, en los últimos 17 años, de más de 8 mil industrias”, recordó.
En el documento, el gremio aseveró que a pesar de que los empresarios industriales han participado en todas las reuniones de diálogo, desde las mesas técnicas en el Círculo Militar en 2014, hasta los Consejos de Economía Productiva que este año se han celebrado, sus propuestas no han sido instrumentadas.
Asimismo, la misiva señala que “los factores que frenan la capacidad de producción se encuentran en las políticas públicas equivocadas que obstaculizan las inversiones, el acceso a materias primas, materiales de empaque y repuestos para el mantenimiento del parque industrial”.
Finalmente, exhortó al Gobierno a regresar al marco constitucional, “lo cual no implica negociación, sino respeto por las leyes y las obligaciones allí contenidas y aprobadas por los ciudadanos venezolanos”.
A continuación el comunicado íntegro emitido por la Confederación:
“Las empresas privadas industriales representadas por nuestra organización gremial tienen por objetivo producir bienes para el consumidor venezolano; ésta es su razón de ser y para ello trabajan con el mayor esfuerzo. Los factores que frenan la capacidad de producción se encuentran en las políticas públicas equivocadas que obstaculizan las inversiones, el acceso a materias primas, materiales de empaque y repuestos para el mantenimiento del parque industrial.
Si existe sabotaje, boicot o agresión a la economía venezolana no proviene del sector productivo, pues es a quien menos le conviene la realización de actos de este tipo que perjudican sus propios intereses y, en última instancia, a la totalidad de la población venezolana. Por el contrario, la sistemática persecución a la actividad privada y la instrumentación de políticas públicas erradas han ocasionado el cierre, en los últimos 17 años, de más de 8 mil industrias. Esa es la verdad. Las mentiras, por más que se repitan muchas veces, no pasan a ser ciertas, aún cuando sean dichas por ingenuos bien intencionados.
Tanto las empresas privadas industriales, como sus proveedores y sus clientes en sectores privados comerciales de distribución, han manifestado reiteradamente propuestas en forma de cambios a las políticas públicas, con el propósito de aumentar los niveles de acopio, producción y distribución. Se requiere aumentar la producción de alimentos y medicinas para satisfacer la demanda de los venezolanos, pero también hay que incrementar las cantidades de envases plásticos, de vidrio y de metal, tintas y pegamentos, repuestos para las máquinas, camiones y automóviles; telas y productos de confección; cemento y cabillas para la construcción de hogares y fábricas. La vida diaria de los venezolanos requiere de muchos productos que las fábricas, con trabajadores venezolanos, podrían producir si éstas no se vieran impedidas por un modelo económico signado por políticas públicas equivocadas. En Venezuela se pueden fabricar, en cantidades suficientes, muchos de los productos que hoy son importados. Las importaciones prioritarias deben ser de materias primas para que sean procesadas en fábricas establecidas en el país.
Los empresarios industriales hemos participado en todas las reuniones de diálogo desde las mesas técnicas en el Círculo Militar en el 2014 hasta los Consejos de Economía Productiva que este año se han celebrado. Nuestras propuestas no han sido instrumentadas porque chocan con un modelo de centralización y control cuyo fracaso vivimos hoy. La arrogancia o ignorancia en insistir con un modelo fracasado ha empobrecido y continúa empobreciendo a consumidores, trabajadores y empresas venezolanas.
Abogamos por regresar al marco constitucional, lo cual no implica negociación, sino respeto por las leyes y las obligaciones allí contenidas y aprobadas por los ciudadanos venezolanos”.
