Durante el año  2016, once periodistas fueron asesinados, se registraron  426 agresiones y 23 informadores continúan desaparecidos

El Estado Mexicano ha fallado en proteger, garantizar y sancionar a quienes atacan a perioditas

Los periodistas mexicanos luchan por no morir en el intento de informar; sortean miles de peligros, para no ser victimas del narcotráfico por alguna nota de prensa publicada que afecte los intereses de cualquier cártel de la droga o que no salpique a ningún funcionario público.

  Bien es sabido a nivel mundial que los comunicadores sociales mexicanos, arriesgados, comprometidos con la verdad y con su profesión, corren peligro en ciudades mexicanas como  Guerrero, Veracruz,  Chihuahua, Tamaulipas y Juárez; donde los ataques a periodistas son una constante.

Solamente en el mes de marzo pasado, tres periodistas perdieron la vida; uno de ellos es Cecilio Pineda Brito de 38 años, colaborador de La Jornada. Ricardo Monlui Cabrera, director del diario ‘El Político’ y columnista de temas de la industria cañera en el «Diario de Xalapa» fue el segundo. El caso más reciente es el de Miroslava Breach Velducea de 54 años, periodista corresponsal de los diarios La Jornada y Norte de Ciudad Juárez.

Durante el año 2000 a noviembre de 2006 se registró la muerte de 25 periodistas. fueron 48 los comunicadores asesinados en el país, desde diciembre del 2006, hasta el año de 2012. En el  2016, once periodistas fueron asesinados en México.  En lo que va de gestión del Presidente Enrique Peña Nieto se contabilizan 30.

Récord alarmante

Solo por detrás de Irak y Afganistán,  México se ubicó en el tercer lugar mundial de periodistas asesinados. Ostentando el primer lugar de América Latina, como el país más mortífero para los medios de comunicación. 

Expertos en el tema creen que los intentos por silenciar a la prensa mexicana tienen que ver con el espionaje y los programas informáticos detectados, capaces de insertarse en el teléfono de un comunicador, como el acoso sufrido por el periodista Rafael Cabrera, que reveló el escándalo de la vivienda del presidente, Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, construida por un empresario beneficiado por múltiples contratos, y en otras vías de publicidad.

Comunicadores sociales que trabajan en zonas más peligrosas del país suelen decir que se convirtieron en “corresponsales de guerra” cuando la «guerra los alcanzó”. Estudiosos del tema afirman que el Estado ha fallado en proteger, garantizar y sancionar a los culpables.