«Ni el TSJ puede anular la elección de directiva de la AN»

Abogados constitucionalistas y expertos aseguran que el gobierno no tiene argumentos legales para poner en práctica la amenaza del presidente Nicolás Maduro y otros voceros del PSUV de no reconocer a la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional que se designará el 5 de enero, cuando comienza el primer periodo de sesiones del Parlamento.

La amenaza del primer mandatario y miembros del partido de gobierno se debe a que, aseguran, la AN está en  presunto desacato por no cumplir con el mandato del Tribunal Supremo de Justicia de desincorporar  a los tres diputados de Amazonas en una sesión y enviar un escrito al alto tribunal notificando la decisión.

Afirman que se trata de un intento sin precedentes para desconocer el Poder Legislativo elegido por el pueblo.

“Este problema jurídico es inexistente y no tiene sentido. Es propio de una dictadura. Hay actos que no tienen ningún tipo de revisión porque son internos de la Asamblea. La designación de la junta o quiénes son los diputados es algo que ni el TSJ puede anular. El  Parlamento tiene un carácter representativo que no tienen el resto de los poderes. La AN no puede hacerle caso a esas loqueras políticas y reconocer que el nombramiento que hizo no es legal o no es apropiado”, asegura el abogado constitucionalista Antonio Canova.

Agrega que en ningún país del mundo se podría reconocer una usurpación como esta, de un acto interno del Poder Legislativo, y que la única intención del Ejecutivo y del TSJ es asfixiar a la Asamblea tomando decisiones contrarias a la Constitución, abusivas y arbitrarias.

Luis Salamanca, abogado y politólogo, señala que el desacato cesó en el momento en que los diputados de Amazonas se desincorporaron de la Asamblea y que ello no está relacionado con el cambio de directiva, por lo que tildó de absurdas las razones planteadas por el gobierno. “Al oficialismo no le gustó la forma como se desincorporaron, quieren una sesión formal, pero estoy seguro de que si la hacen buscarán otra forma de destruir a la AN. Maduro se acostumbró a mandar sin Poder Legislativo porque ninguna de sus decisiones le gusta. Esto sería un golpe de Estado judicial, dado que desconoce la elección popular”.

Salamanca asegura que, aunque sería inconstitucional, en caso de que no pueda asumir la nueva directiva, el Parlamento debería seguir a cargo del actual presidente Henry Ramos Allup.

El abogado y ex parlamentario Ramón José Medina afirma que la AN está legítimamente elegida y quien estaría incumpliendo con la ley y la Constitución sería el gobierno, si no permite la instalación de una nueva directiva. “No encuentro en ninguna normativa legal alguna argumentación jurídica que el oficialismo pueda usar para fundamentarse y no creo que se vaya a poder hacer de facto porque la AN es un poder autónomo. Sería una decisión que podría considerarse como un golpe de Estado del Ejecutivo al Parlamento y que serviría como una denuncia más para las instancias internacionales como la OEA, la ONU y la Interparlamentaria mundial”.

Jesús María Casal, consultor jurídico de la Asamblea Nacional y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello, destaca que no reconocer una nueva directiva implica reducir o imposibilitar el funcionamiento de la Asamblea Nacional: “No solamente es desproporcionado anular al Parlamento, sino que dejarlo sin capacidad de acción y en suspenso en el ejercicio de sus atribuciones equivale a desconocer un poder del Estado. Estas autoridades son necesarias para la AN. Es una actitud que terminaría siendo arbitraria. Una violación del orden constitucional y democrática que el Estado, en alianza con la Sala Constitucional, asuma tareas de la Asamblea y la usurpe”.

Para el próximo periodo Legislativo será Julio Borges, de Primero Justicia, quien asuma el cargo de presidente.

Presupuesto para 2017 se redujo 70%

La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el presupuesto para el ejercicio económico financiero de 2017 por un monto de 27 millardos de bolívares, 70% menos que los 93 millardos solicitados originalmente a la Oficina Nacional de Presupuesto.

El presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, Alfonso Marquina, señaló que el gobierno maneja los recursos sin rendirles cuentas a los venezolanos, por lo que no se sabe con exactitud la disposición de cada partida presupuestaria. A su vez, aseguró que el presupuesto está basado en privilegiar el compromiso con los trabajadores del Parlamento y el apoyo a la responsabilidad social.

“El Parlamento nacional está siendo víctima de un cerco financiero con la intención de liberarse del único control que tiene hoy el pueblo sobre los desmanes del gobierno de Nicolás Maduro. Sugiero que entre todos nos comprometamos a defender el derecho del pueblo de Venezuela de contar con un poder autónomo e independiente”.