Los militares acusados son responsables de delitos de lesa humanidad por el asesinato de cinco jóvenes de procedencia humilde

Los Militares les habían prometido a los jóvenes, puestos de trabajo; meses después, fueron hallados muertos a cientos de kilómetros de sus casas.

Diego Alberto Tamayo, Víctor Fernando Gómez Romero, Jader Andrés Palacio Bustamante, Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, cinco jóvenes del municipio de Soacha, una barriada muy humilde a las afueras de Bogotá, Colombia; fueron engañados por militares de la Brigada Móvil 15, les habían prometido puestos de trabajo y meses después fueron fueron encontrados muertos a cientos de kilómetros de sus casas, en el noreste de Colombia.

Los desaparecidos, a quienes los militares hicieron pasar por guerrilleros y paramilitares; fueron reportados como bajas en combate para subir los resultados de las unidades militares y de esta manera, conseguir permisos y beneficios económicos. Los familiares de los muchachos caídos luchan para que los casos de sus hijos no acaben en la Justicia Especial; es decir, para que el caso no vaya al Tribunal de Paz; donde los crímenes de guerra son perdonados.

«No se trató de muertes en combate. Los militares organizaron una banda criminal». «Son repetitivas las escenas en todos los casos en los que hubo desaparición forzada y concierto para delinquir»,  declaró una  jueza que esta al tanto el caso.

Durante la investigación, uno de los sargentos condenados confesó  que recibió más de dos millones de pesos (unos 650 euros) por dos de las víctimas; por lo que un juzgado de Cundinamarca condenó a 21 militares, entre ellos un coronel, a penas de cárcel de entre 37 y 52 años por los crímenes.

Ninguno de los imputados podrá solicitar casa por cárcel, una de las modalidades para cumplir la pena en Colombia.

Al respecto, la Human Rights Watch (HRW), se pronuncio en el país en la voz de José Manuel Vivanco, responsable de HRW en Colombia, quien mandó un mensaje al gobierno colombiano. «Llamo a todas las autoridades judiciales y al fiscal general de la Nación a tomar todas las medidas legales a su disposición para revocar esta decisión y evitar que establezca un nefasto precedente».